Este Código Penal silenciaría a casi dos millones de bolivianos evangélicos (que representan el 19% de la población), lo que atenta gravemente contra la Carta Magna de Bolivia. La Constitución señala en su art. 4: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión”.
Pero lo cierto es que esto se incumple a través de este nuevo Código Penal, o de leyes ya aprobadas como la 351, mediante la cual el Estado trata de controlar a los evangélicos y a la Iglesia católica, obligándoles a pagar elevados impuestos. Los evangélicos, en concreto, temen que sus asociaciones terminen disueltas por la férrea presión a las que les somete el Gobierno de Morales.
Representantes católicos e evangélicos están protestando y buscando apoyo para impedir que el texto sea aprobado. Un grupo de representantes da la Asociación de Iglesias Evangélicas Unidas realizó un acto de protesta frente al Palacio do Gobierno y de la Asamblea Legislativa, exigiendo la derogación total del nuevo código.
El pastor Miguel Machaca Monroy, presidente de las Iglesias Evangélicas de La Paz, dice que esta ley impedirá predicar y evangelizar en las calles. Por eso, ellos están haciendo una campaña de oración y ayuno en favor del país
